“Cuando se le preguntó si se debe decir la verdad siempre, monseñor (Agustín) Radrizzani respondió que ‘debe haber un equilibrio, trabajar en equipo y evaluar entre todos’. Y puso como ejemplo que ‘cuando la televisión muestra al conductor de un colectivo que le cortaron un dedo, está incentivando a los marginados y exaltados, a subir a los colectivos con una tenaza’”.
El párrafo citado no es un extracto de una entrevista incisiva; tampoco fue escrito por un periodista cáustico que intentó poner en evidencia lo que realmente piensa el presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social.
Para nada. Se trata de un fragmento de un artículo de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), referido a la reunión mensual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), a la que concurrió Radrizzani el pasado viernes 28 de agosto.
En dicho encuentro, la Iglesia sentó su posición sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo acaba de girar al Congreso de la Nación para su tratamiento y eventual aprobación.
Al igual que en diversos temas (retenciones, educación y salud sexual y reproductiva, etc.), la jerarquía eclesiástica volvió a cerrar filas con la oposición y jugó a fondo en aras de su indisimulable objetivo político: restaurar un orden conservador que desande el timidísimo e insuficiente camino de avances sociales que impulsaron el anterior y el actual gobierno en temas relacionados con los Derechos Humanos, la postura de no reprimir los reclamos sociales, la estatización de los fondos jubilatorios, entre otros aciertos y no pocos desaciertos.
Esta vez la Iglesia se opone a uno de los temas menos controvertidos, ya que nadie ha formulado críticas técnicas contundentes (como lo señala Eduardo Aliverti en esta nota); más transparentes, por las sólidas bases que le dieron origen en diversos debates públicos, y más legítimos, por la militancia de amplios sectores sociales que vienen luchando por la sustitución del decreto-ley de Radiodifusión de la dictadura.
En fin, la declaración episcopal resta apoyo a una Ley necesaria no sólo por el avance de las nuevas tecnologías que serán reguladas por la legislación proyectada, sino por la imperiosa necesidad de diversificar el mapa de medios para garantizar la libertad de expresión de la Sociedad Civil, a través del acceso real al espectro radiofónico de numerosas organizaciones sociales.
Como dijo Frank La Rue, relator de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión: “A los propietarios de los medios les cuesta entender que la libertad de expresión implica pluralismo y el pluralismo requiere combatir los monopolios”.
Por las declaraciones citadas al principio de este post, podríamos agregar que todavía cuesta entender que la verdad es una cuestión que trasciende a los emisores e intermediarios de la comunicación; y que los Derechos a la Información y Libertad de Expresión son para todos, incluidos los “marginados y exaltados”.
Imagen: www.sxc.hu
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