Sobre el Código de Faltas de Córdoba

Informe que produjimos con Pablo Hamada para Cba Noticias.

Araca la cana

Crítica publica una entrevista con el especialista en seguridad Marcelo Saín, quien hasta el viernes pasado fuera interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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Este organismo tuvo su mayor pico de exposición cuando la agente María de Luján Telpuk descubrió la valija que la hizo saltar a la fama y puso en jaque al Gobierno nacional por el escándalo de los dólares ingresados desde Venezuela por Guido Antonini Wilson.

Saín no fue removido de su cargo y, de hecho, continuó al frente de la policía bajo un clima que definió como de una “frialdad enorme en el trato” por parte del Gobierno nacional.

Además, debió resignar 40 millones de pesos del presupuesto de la PSA que fueron destinados a financiar las medidas espasmódicas contra la Gripe A (¿Se acuerdan de la influenza porcina y los 1000 millones de pesos para combatirla?).

Es significativo que Saín abandone su cargo por una decisión personal, y no porque su eficacia haya puesto en un brete al Gobierno de los Kirchner.

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En la mencionada nota, Saín afirma que las fuerzas policiales regulan los delitos en Argentina, y describe a la organización de la seguridad actual como un modelo de “comisariato” que no está orientado a resolver los conflictos, sino a minimizar su visibilidad.

Un buen análisis que deberían profundizar quienes creen que las políticas de seguridad tienen que ver con mano dura y más efectivos en las calles.

En Argentina la policía no es la solución, sino parte del problema.

Video: "Ya no sos igual" - 2 minutos | Animación de Federico Morilla

El 11-S de 1973

 

Vía Ramble Tamble

Una discusión que esperó 26 años

El diputado de Unión-Pro Federico Pinedo dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es chavista y tildó de fascista (!) al segundo párrafo del artículo 70, referido a la regulación de transmisiones deportivas, tal como se puede leer en esta nota (buscar resaltados) de La Nación.

Resulta que dicho párrafo es casi una copia textual de este otro (buscar resaltado también), que corresponde a la Ley reguladora de Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos de... España!, y no de la Italia de Benito Mussolini.

No soy especialista en el tema, pero me parece que habría que rever varias cuestiones del artículo, como por ejemplo el tiempo máximo de tres minutos asignado a los programas informativos para transmitir imágenes sin pagar la contraprestación económica a favor de las entidades. O ir más a fondo y decir que las entidades (los clubes), sean de fútbol, básquet o bochas, no deben cobrar nada, aunque los programas especializados facturen sumas importantes por los contenidos que los clubes generan.

Sería bueno que dicho tema y el de la apertura del negocio de la televisión por cable a las compañías telefónicas (asunto sobre el cual hay mucho silencio -por lo que se intuye que las condiciones para prestar el servicio son muy perfectibles-), se discutieran en el Congreso, junto con todos los aspectos que quieran revisar los diputados y senadores.

También sería bueno que los legisladores no desinformen cuando hablen por los medios, porque decir que un artículo del proyecto es fascista no sólo es un despropósito, sino una estrategia para evitar la discusión seria e informada que este proyecto se merece por los motivos que ya señalamos en los últimos párrafos de este post.

Imagen: http://www.coalicion.org.ar/

La Ley de Medios no tiene cura

“Cuando se le preguntó si se debe decir la verdad siempre, monseñor (Agustín) Radrizzani respondió que ‘debe haber un equilibrio, trabajar en equipo y evaluar entre todos’. Y puso como ejemplo que ‘cuando la televisión muestra al conductor de un colectivo que le cortaron un dedo, está incentivando a los marginados y exaltados, a subir a los colectivos con una tenaza’”.

El párrafo citado no es un extracto de una entrevista incisiva; tampoco fue escrito por un periodista cáustico que intentó poner en evidencia lo que realmente piensa el presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social.

Para nada. Se trata de un fragmento de un artículo de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), referido a la reunión mensual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), a la que concurrió Radrizzani el pasado viernes 28 de agosto.

En dicho encuentro, la Iglesia sentó su posición sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo acaba de girar al Congreso de la Nación para su tratamiento y eventual aprobación.

Al igual que en diversos temas (retenciones, educación y salud sexual y reproductiva, etc.), la jerarquía eclesiástica volvió a cerrar filas con la oposición y jugó a fondo en aras de su indisimulable objetivo político: restaurar un orden conservador que desande el timidísimo e insuficiente camino de avances sociales que impulsaron el anterior y el actual gobierno en temas relacionados con los Derechos Humanos, la postura de no reprimir los reclamos sociales, la estatización de los fondos jubilatorios, entre otros aciertos y no pocos desaciertos.

Esta vez la Iglesia se opone a uno de los temas menos controvertidos, ya que nadie ha formulado críticas técnicas contundentes (como lo señala Eduardo Aliverti en esta nota); más transparentes, por las sólidas bases que le dieron origen en diversos debates públicos, y más legítimos, por la militancia de amplios sectores sociales que vienen luchando por la sustitución del decreto-ley de Radiodifusión de la dictadura.

En fin, la declaración episcopal resta apoyo a una Ley necesaria no sólo por el avance de las nuevas tecnologías que serán reguladas por la legislación proyectada, sino por la imperiosa necesidad de diversificar el mapa de medios para garantizar la libertad de expresión de la Sociedad Civil, a través del acceso real al espectro radiofónico de numerosas organizaciones sociales.

Como dijo Frank La Rue, relator de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión: “A los propietarios de los medios les cuesta entender que la libertad de expresión implica pluralismo y el pluralismo requiere combatir los monopolios”.

Por las declaraciones citadas al principio de este post, podríamos agregar que todavía cuesta entender que la verdad es una cuestión que trasciende a los emisores e intermediarios de la comunicación; y que los Derechos a la Información y Libertad de Expresión son para todos, incluidos los “marginados y exaltados”.

Imagen: www.sxc.hu

Santa soja II

Hace unos días, en medio de las declaraciones afectadas y escandalizadas de la jerarquía eclesiástica, la periodista de Página/12 Mariana Carabajal entrevistó a los autores de Opción sin pobres, libro que condensa una investigación sobre la construcción discursiva de la pobreza en diferentes documentos de Cáritas Arquidiocesana Córdoba.

En la nota, los autores afirman que para Cáritas la lucha contra “la pobreza depende, en gran parte, de la buena voluntad de otros, de la ‘comunidad cristiana de bienes’”, en contraposición al planteo constitucional, en el que la pobreza es entendida “como problema político, y no como cuestión moral o personal”.

Horacio Etchichury, coautor del libro y director de la tesis que dio origen al mismo, señala que “salir de la pobreza no depende de la buena voluntad de un grupo”, porque “la comunidad se ha obligado legalmente” a resolver el problema a partir de la inclusión de los derechos sociales en la Constitución Nacional, .

Sostiene que “a diferencia de lo que ocurre en Cáritas, las políticas (públicas) están sujetas al debate público y la decisión democrática”. Y agrega que “Cáritas Córdoba, en cambio, no da poder decisorio ni a los pobres, ni a los cristianos laicos, ni a los donantes. Es un ente vertical y jerárquico. No hay democracia interna en Cáritas, a pesar de que en los últimos años hay demandas en tal sentido dentro de la institución”.

Hoy, en esta nota, Horacio Verbitsky se refiere a Eduardo Luis Serantes, ex presidente de Cáritas Argentina, actual presidente de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado y “uno de los mayores empresarios sojeros del país, especializado en fondos de inversión, fideicomisos financieros y pools de siembra, y un aguerrido luchador contra las retenciones”.

Verbitsky desempolva de la memoria el plan alimentario Soja Solidaria, y afirma que Serantes y el titular de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, promovieron esta iniciativa que consistía en la organización de cursos de capacitación para aprender a cocinar con porotos de soja donados generosamente a diferentes comedores.

Los cursos fueron dictados en general por la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), según un documento [descargar .doc] de Cáritas Argentina de marzo de 2003.

Sólo en 2002, las empresas promotoras de este plan llegaron a donar 700 toneladas de soja, de cuya producción total, según Verbitsky, la mayor parte se exporta principalmente a China y la India, donde se utiliza como forraje.

Agrega que “sólo se destina al mercado local el 5 por ciento de la producción, cuyas aplicaciones predominantes son industriales”, como, por ejemplo, la tinta que imprime la mayoría de los diarios.

Imagen: www.sxc.hu

Dos Iglesias

El pasado martes, llegaron al Archivo Nacional de la Memoria los documentos digitalizados del Arzobispado de São Paulo sobre los detenidos-desaparecidos de la última dictadura argentina.

Se trata de denuncias que familiares y exiliados formularon en plena represión ante el cardenal Paulo Evaristo Arns, por entonces arzobispo de São Paulo, y constante defensor de los Derechos Humanos, la Teología de la Liberación, las causas obreras y la opción por los pobres.

“Fue por la repugnancia del Episcopado argentino a comprometerse con los perseguidos que las denuncias derivaron a la principal diócesis brasileña, donde grupos de exiliados se habían puesto en contacto con el cardenal Paulo Evaristo Arns”, afirma Horacio Verbitsky en esta nota publicada hoy en Página/12; en la que también sostiene la necesidad de abrir los archivos que permanecen en manos de la Iglesia Católica argentina -cuya existencia niega el Episcopado local- y a los que el propio periodista habría tenido “acceso subrepticio”.

En la misma nota también hay una contraposición de dos figuras muy diferentes: el cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual arzobispo de Buenos Aires, de quien Verbitsky publicó esta investigación, y su par emérito de São Paulo, el mencionado cardenal Arns, audaz defensor y protector de perseguidos políticos y religiosos.

En esta nota de 2006, algunos detalles de por qué Arns fue condecorado por el Gobierno argentino con la Orden del Libertador José de San Martín.

Imagen: Portada del libro "Brasil: Nunca Mais". Acervo de la represión en dicho país, cuya recopilación fue apoyada y coordinada por el cardenal Arns y el pastor presbiteriano Jaime Wright en plena dictadura. Para mayor información, consultar el capítulo "Brasil: Nunca Mais: Una verdad robada a los 'secretos de estado'" en Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, compilación de Ludmila da Silva Catela y Elizabeth Jelin.